El procurador general de la provincia de Salta, Pedro Oscar García Castiella, presentó una denuncia formal ante el Jurado de Enjuiciamiento contra el Juez de Garantías Nº 1 de Orán, Francisco Oyarzú. La acusación, que incluye la solicitud de destitución del magistrado, se fundamenta en el presunto mal desempeño de sus funciones, argumentando que su conducta ha obstaculizado gravemente diversas investigaciones judiciales, afectando el servicio de justicia.
El expediente entregado por García Castiella al Jurado de Enjuiciamiento incluye un detallado informe sobre las irregularidades que habrían sido cometidas por Oyarzú. Entre los casos que sustentan la denuncia se destacan demoras injustificadas y decisiones controvertidas que, según el procurador, provocaron un retraso significativo en investigaciones penales clave, como la dilación de medidas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal y una aparente falta de criterio en la toma de decisiones judiciales.
Uno de los ejemplos más relevantes citados en la denuncia es el caso “Abra de Sol”, donde se investiga un violento asalto ocurrido en 2022. En este caso, se señala que Oyarzú retrasó cuatro meses una medida esencial para la investigación, la cual consistía en la extracción de datos de dispositivos incautados. Según la denuncia, esta demora obstaculizó seriamente el avance de las pesquisas, lo que demuestra, según el procurador, una conducta incompatible con las exigencias de su cargo.
Otro punto relevante en la denuncia es el manejo de Oyarzú en la causa por homicidio de César Daniel Martínez. Aquí, se acusa al juez de haber demorado casi tres meses en autorizar la extracción de datos de un teléfono celular considerado crucial para la investigación, situación que agravó las dificultades en el esclarecimiento del caso. Además, se señala que el juez también demoró la elevación de un recurso de apelación, lo que afectó el desarrollo de la investigación.
La denuncia también incluye críticas hacia la decisión de Oyarzú de conceder el arresto domiciliario a un acusado de femicidio bajo condiciones que, según García Castiella, no cumplían con los estándares de diligencia requeridos en casos de violencia de género. La Sala II del Tribunal de Impugnación revocó esta decisión, destacando que el accionar del juez desnaturalizó el proceso judicial, afectando tanto a la víctima como a la investigación.
En conclusión, el procurador sostiene que las acciones del juez Oyarzú han provocado un daño irreparable a las investigaciones judiciales, afectando no solo a los imputados y las víctimas, sino también la integridad del sistema de justicia en la provincia de Salta. Por ello, ha solicitado su destitución ante el Jurado de Enjuiciamiento, argumentando que el magistrado ha demostrado una falta de compromiso con las exigencias de su cargo.